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El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ve con preocupación que se financie con dinero público educación sanitaria en las farmacias rurales
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El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ve con preocupación que se financie con dinero público educación sanitaria en las farmacias rurales y recuerda que se invaden competencias propias de la profesión enfermera

Valladolid, 2 de noviembre de 2023.- El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León espera que la Consejería de Sanidad vigile y contraste de manera adecuada y precisa los contenidos educativos del denominado proyecto ‘Escuelas rurales de Salud. Educación sanitaria por el farmacéutico’ promovido por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y coordinada con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León y los correspondientes colegios provinciales, y que tiene por objeto, según se dice en las noticias, la educación sanitaria y la Salud Pública, dos ámbitos de actuación que forman parte de la cartera pública de servicios en Atención Primaria: 106 farmacias rurales forman parte de este proyecto.

El Consejo General de Enfermería ha pedido por este motivo explicaciones al Ministerio par ala Transición Ecológica y Reto Demográfico, promotor de este proyecto piloto firmado en marzo pasado entre este ministerio y los de Sanidad e Igualdad para el desarrollo de actividades sanitarias en las zonas de riesgo de despoblamiento. En una reunión con el secretario del Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, los representantes del CGE resaltaron en julio último que “este programa financia establecimientos privados con fondos públicos para ejercer funciones que forman parte de la cartera pública de servicios en Atención Primaria. Este iniciativa externaliza y privatiza, en lugar de reforzar la sanidad pública. Pero además implica una clara vulneración de las leyes que delimitan las competencias profesionales”.

Una tarea de los equipos de Atención Primaria

El Consejo de los Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León recuerda en este sentido que la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de los profesiones sanitarias dice que corresponde a los enfermeros la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. Mientras que corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la la producción, conservación y dispensación de medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, famacoterapeuticos y de vigilancia de la salud pública “La sociedad, incluso la Administración pública, tiene un concepto anticuado de la Enfermería. Hoy la Enfermería es un grado académico, igual a otras disciplinas como Derecho, Sociología, Psicología, Farmacia o Ingeniería. Supone una profesión autónoma e independiente. Queremos que se nos reconozca como lo que somos, la profesión sanitaria de referencia con competencias específicas en salud, en la prevención y en la educación sanitaria.

Los problemas de acceso a servicios básicos, a la Sanidad en este caso, no pueden solucionarse mediante la externalización ni la privatización de actuaciones propias de médicos y de enfermeras dentro del marco de la sanidad pública. Es un error derivar esas funciones a establecimientos particulares y con intereses comerciales y además financiado con fondos públicos, en lugar de reforzar la Atención Primaria y a sus profesionales. Por lo que reclamamos que sea la Consejería de Sanidad quien vigile el contenido y el formato de esos programas. El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León no puede consentir que se menoscaben las funciones que la ley atribuye a las enfermeras y la educación para la salud es una de ellas, algo crucial para el bienestar y la calidad de vida de la población.

Es un sinsentido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico financie un programa de información para la salud a través de establecimientos privados, en vez de invertir esos fondos a través de los profesionales de la sanidad pública que podrían hacer esa labor en el entorno rural, con la participación de la Consejería de Sanidad mediante una labor activa y formativa de las enfermeras y no por profesionales farmacéuticos que defienden los intereses comerciales de las firmas de medicamentos. Y todo ello con la supuesta intención de permitir la supervivencia de las farmacias de esos núcleos de población ni con la supuesta intención de fijar población, ya que en eso interviene muchos más factores que no la existencia de una farmacia en el municipio.

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